jurado de novela irregular

Los Premios Nacionales de Literatura del Ministerio de Cultura tienen todo a su favor para convertirse en los más importantes del país. A diferencia de los Copé, en estos compiten obras que ya han transitado por el escrutinio de los lectores.

Para este 2018 las categorías varían, tenemos las de Literatura en lenguas originarias, No ficción y Novela. Es precisamente el jurado de esta última, de lejos la más llamativa de esta edición, el que acrisola atendibles sospechas razonables.

Como se lee en la resolución ministerial, los miembros fueron propuestos por escuelas profesionales, facultades e instituciones humanísticas, sin embargo, los comisarios no deberían limitarse al acuso de recibo, sino también a investigar lo sugerido. Descontando a Pollarolo y en menor medida a García y Fernández, resulta inconcebible sintonizar con Vargas y Del Águila. El primero no tiene legitimidad y la segunda es una autora eficiente pero sin obra mayor. Si la nómina carecía de referencialidad, había que convocar a quienes la ostentan, comunicándoles previamente que decidirían sobre novelas publicadas: Garayar, Mudarra, Hopkins y González Vigil.

Lo que se supone que no debe suceder en este ministerio en cuanto a materia literaria, acaece con una frecuencia que espanta. No olvidemos a los ganadores del PNL del año pasado, que a excepción de Noltenius, no entusiasmaron a nadie debido a la falta de objetividad y distancia de sus jurados con algunos premiados. Tampoco pasemos por alto la lista de escritores que participarán en la próxima Filsa, la mayoría elegidos por discutibles criterios como la “cuota” en lugar de la pertinente calidad.

Esta serie de inaceptables dislates nos lleva a afirmar lo siguiente: la existencia de una argolla que parasita gracias a nuestros impuestos. El mensaje es muy claro: para cualquier autor, publicar un buen libro es insuficiente para ser tomado en cuenta. 

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